La jueza Cecilia Gilardi de Negre dispuso, a través de una medida cautelar, que la Prefectura Naval evite en la villa 31 y 31 bis “el ingreso de vehículos que contengan materiales de construcción para ser usados en la edificación en altura”.
Además, la jueza que está a cargo del juzgado federal en lo Contencioso Administrativo número 9 estableció que funcionarios del Gobierno de la Ciudad realicen inspecciones semanales en la villa, para “verificar el cumplimiento de la medida cautelar, todo esto con el auxilio de la Policía Federal Argentina”.
El 28 de octubre se le había ordenado al Estado Nacional y al ONABE que “arbitren los medios necesarios para impedir la prosecución de nuevas construcciones en el predio de las Villas 31 y 31 bis, que no cumplan la normativa vigente relacionada con la urbanización, edificación y habilitación de las mismas”.
En aquella oportunidad el ONABE solicitó una audiencia para cumplir con dicha medida. Según el escrito judicial, en la audiencia que se realizó el 1 de diciembre “los representantes del Ministerio de Justicia solamente reiteraron que el poder de policía en materia de edificaciones y construcciones les resultaba ajeno a su competencia y no aportaron datos y/o elementos que tendieran a la materialización de la cautelar”, motivo por el cual, la jueza resolvió ordenarle a la Prefectura Naval y a la Policía Federal que intervengan.
Clarín
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