La expropiación de las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral ya es oficial. La ley 26.466 aprobada en el Congreso el pasado miércoles y promulgada el lunes entra entró en vigor al ser publicada hoy en el Boletín Oficial.
El polémico traspaso de las empresas controladas por el grupo español Marsans al Estado, por las diferencias en la valuación del rojo de la compañía entre las partes, finalmente es un hecho en favor del Estado.
Según el documento, se declaran “de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas”.
La ley indica, además, que “para garantizar la continuidad y seguridad del servicio público de transporte; el mantenimiento de las fuentes laborales y el resguardo de los bienes de las empresas”, el Poder Ejecutivo ejercerá “desde el momento de la entrada en vigencia” de la ley “todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren”.
Para ello, se aclara que la primera mandataria, Cristina Kirchner, “instrumentará los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de las empresas” y que “las operaciones y las adecuaciones presupuestarias que correspondan realizar a tal efecto, serán informadas a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones”.
En tanto, se autoriza la “cesión de las acciones representativas del capital social a los trabajadores de las Empresas Aerolíneas Argentinas y Austral y de sus controladas hasta un máximo del diez por ciento de sus paquetes accionarios, de conformidad con el Programa de Propiedad Participada”.
En cuanto al funcionamiento, se establece un plazo de 180 días para la formulación de un “Plan General de negocios, estratégico y operativo de mediano y largo plazo”, que será informado a la Comisión Bicameral. Ese programa deberá “contemplar, especialmente, las necesidades de aquellas regiones del país que dependan de manera fundamental del transporte aéreo”, según reza la ley.
En su artículo cuarto, la ley indica que “no habiendo avenimiento”, la Procuración del Tesoro de la Nación “promoverá el juicio de expropiación respectivo”.
Finalmente, se concluye en que el Ejecutivo “instrumentará todos los mecanismos que la ley provee a fin de discriminar los pasivos generados por las operaciones normales de las empresas, de aquellos que se hubiesen originado en operaciones dolosas o fraudulentas o que tuvieran causa en la mala gestión de los administradores”.
Y advierte sobre la posibilidad de iniciar acciones legales por irregularidades administrativas. “Se presentará en todas las causas penales existentes en las que se investiguen los eventuales delitos que, los actuales accionistas mayoritarios, los administradores de dichas empresas o aun terceros, hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la sociedad; y denunciará los eventuales hechos ilícitos que llegaren a su conocimiento por dicha gestión”.
Ante el Ciadi. No bien fue aprobada la ley, el Grupo Marsans demandó al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El holding busca la “compensación monetaria por la confiscación que el Estado argentino está instrumentando y por todas las violaciones a los tratados que han ocurrido en los últimos años”.
La Nación
