Con 40 grados de sensación térmica y un sol tajante, Noemí aguarda en la sombra con sus seis tachos. Es el momento más esperado para la mayoría de los vecinos, sobre todo en verano: la hora en que llega el camión que trae el agua. Es que en la Villa 31, centro de debate en los últimos días, el agua y los servicios básicos en general son la principal preocupación para sus habitantes.
Mientras el gobierno nacional y el porteño enfrentan discusiones mediáticas sobre responsabilidades, unas 7000 familias siguen construyendo y ampliando la 31 bis, atentas a cualquier intento de decisión sobre el destino de la villa.
“¿Urbanización? Sí, muy bueno, pero sólo si es urbanización con los vecinos y no una erradicación”, señaló Mónica Bustamante, delegada de una de las manzanas. Mónica acompañó a lanacion.com en un recorrido por el asentamiento.
“Es una vergüenza nacional que una ciudad tan rica tenga que abastecer con camiones cisterna a dos pasos del microcentro”, comentó detrás de unos grandes anteojos de sol.
En la villa, la mayoría de los jefes de familia trabaja en construcción. Por eso, los habitantes se enojan cada vez que se habla de viviendas inseguras.
“Cada construcción se hace con maestros de obra, con planificación, nosotros no queremos que se nos venga la casa encima”, aseguró Esteban Rolón, quien se instaló junto a su mujer y dos hijos cuando no pudo seguir pagando alquiler.
No obstante, la administración macrista insiste en las irregularidades. “La Academia Nacional de Ingeniería ya advirtió sobre la posibilidad de accidentes catastróficos por la proliferación de edificaciones en altura sin cimientos ni los más mínimos cálculos estructurales”, sostuvo en una oportunidad Fabián Rodríguez Simón, jefe de gabinete del Ministerio de Espacio Público.
En la calle principal, el ruido de las obras se confunde con la agitación del mediodía. Casas de dos y hasta tres pisos, bolsas de materiales, vigas y pilas de ladrillos se recortan contra el puente de la autopista Illía.
“Acá, uno tiene su local y construye la casa encima porque los terrenos son muy angostos”, explica Bustamante.
Según comentaron varios vecinos a este medio, la edificación aumentó sobre todo después de la ocupación de la manzana 102, hecho al que ellos mismos se refieren como “la invasión”.
Vilma Medina, delegada de la manzana 2 y vecina desde hace trece años, aseguró que ya no dan abasto. “Antes no necesitábamos camiones que nos trajeran el agua y ahora con las invasiones, sí”.
Juana Achilla llegó hace cuatro años de Perú. Al principio pagaba entre 250 y 300 pesos por una vivienda en la manzana 1. Luego, ocupó un terreno en la 102, acción que relata con cierto heroísmo. “Lo agarré para mi beneficio, no lo alquilo ni lo exploto”, dice satisfecha.
“Acá estamos acostumbrados a que nos den, pero no debe ser así”, afirmó Juana, que trabaja en la feria de la villa y en sus días libres estudia enfermería. Para ella, como para muchos de sus vecinos, urbanización equivale a volverse ciudadanos visibles. “Queremos vivir comodamente, pero pagando”, asegura.
Denuncia. El gobierno porteño asegura que unas 600 viviendas de la Villa 31 están en peligro de derrumbe. La semana pasada, vecinos del predio cortaron durante nueve horas la autopista Illia en rechazo a la iniciativa oficial de frenar las construcciones.
La Nación
